Cosoleacaque, Ver.
José Vargas.
El caso del asesinato de Gladys Merlín Castro y Carla Guadalupe Enríquez Merlín, ocurrido el 15 de febrero de 2021 en Cosoleacaque, continúa generando controversia jurídica. A pesar de que los responsables han sido sentenciados, la Fiscalía General del Estado de Veracruz (FGE) mantiene retenidos bienes y recursos pertenecientes a la familia, situación que su hijo y hermano, Emigdio Heliodoro Enríquez Merlín, califica como un acto de revictimización y omisión institucional.
“Un caso que sigue abierto”
Aunque los implicados —Isabel B. R., Víctor T. D., Marco Antonio B. R., Marcos de Jesús B. Ch. y Luis Alberto S. D.— ya fueron condenados en septiembre pasado, la devolución de los bienes asegurados durante la investigación permanece sin concretarse. Cuatro de los sentenciados recibieron 55 años de prisión por feminicidio, mientras que Luis Alberto S. D. fue condenado a 45 años por homicidio.
Los hechos forman parte de la carpeta SUBCOSOLEA/F4/077/2021, del proceso penal 73/2021, su acumulado 91/2021, y el juicio oral 53/2024, donde entre abril y agosto de 2025 se desahogaron múltiples pruebas y testimonios.
“Omisiones graves y un mandato incumplido”
El 20 de junio, Emigdio promovió un incidente innominado ante el juez de enjuiciamiento, solicitando la restitución de bienes sustraídos de su domicilio en el Barrio Primero de Cosoleacaque. Presentó entrevistas, fotografías, informes de ingresos y un dictamen pericial emitido por la propia FGE que acreditaba los bienes y su valor.
El 27 de junio, en audiencia incidental, el juez ordenó a la Fiscalía entregar los bienes en un plazo de 10 días hábiles. La instrucción, sin embargo, no fue acatada.
La lista de solicitudes ignoradas por la Fiscalía evidencia un patrón sistemático:
• 14 de julio: petición para el cumplimiento de la resolución.
• 7 de agosto: vencimiento de nuevo plazo sin respuesta.
• 15 de agosto, 10 y 18 de septiembre: exhortos insistentes al cumplimiento, incluso solicitando multas a los fiscales omisos.
• 3 de octubre: promoción presentada ante jueces de Coatzacoalcos y Minatitlán.
• 7 de octubre: queja ante el Tribunal de Disciplina Judicial y ante la Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
• 10, 21, 22 y 29 de octubre; 5 y 13 de noviembre: nuevas solicitudes sin pronunciamiento institucional.
“Un calvario legal y administrativo”
Para Emigdio Enríquez Merlín, la reiterada falta de acción por parte de la Fiscalía constituye una burla y una agresión indirecta, pues lo obliga a enfrentar procesos burocráticos adicionales pese a contar con un fallo judicial a su favor.
Califica la actuación de la Fiscal General, Verónica Hernández Giadáns, como indolente, y señala que su dependencia ha permitido una prolongada violación a sus derechos como víctima indirecta.
“Una exigencia legítima: devolver lo que por ley corresponde”
Emigdio solicita de manera puntual que la Fiscalía General del Estado cumpla con la resolución judicial y le entregue los bienes y recursos acreditados como suyos. Afirma que la resistencia institucional representa una nueva forma de violencia y un impedimento para cerrar un capítulo doloroso en lo personal y en lo jurídico.
“Este no es solo un trámite —advierte—, es un derecho.”
