Redacción
Tatahuicapan, Ver. —
Lo que pretendía consolidarse como un acuerdo intermunicipal terminó convertido en un revés político. Bajo un ambiente de tensión, reclamos directos y abucheos constantes, el alcalde Vladimir González se vio obligado a dar marcha atrás al convenio que permitiría el ingreso de residuos sólidos provenientes de Soteapan.
La escena se desarrolló durante una asamblea ejidal que rápidamente escaló de un ejercicio de diálogo a una manifestación abierta de inconformidad. Ejidatarios y pobladores encararon al edil, acusándolo de tomar decisiones a espaldas de la comunidad y de comprometer el territorio con problemas ambientales ajenos.
Uno de los momentos más contundentes se registró cuando el comisariado ejidal, Fidencio Bautista Gutiérrez, rompió públicamente con el respaldo que en su momento otorgó al alcalde. Su posicionamiento no solo evidenció fracturas internas, sino que reforzó el sentimiento de traición que predominaba entre los asistentes.
Las críticas no se limitaron al tema de la basura. Habitantes cuestionaron lo que calificaron como una administración desconectada de las prioridades reales del municipio, señalando el contraste entre la organización de eventos masivos —incluyendo bailes y espectáculos— frente a carencias persistentes como el acceso al agua potable y el deterioro de caminos rurales.
La presión social fue determinante. Entre gritos y rechazos reiterados, el alcalde no tuvo margen de maniobra y terminó por anunciar la cancelación del acuerdo con Soteapan. Además, se estableció que dicho municipio deberá cubrir una compensación económica al ejido, recursos que —según se informó— serán destinados a la rehabilitación de caminos.
Tras este episodio, considerado por los propios pobladores como una derrota política para Vladimir González, los ejidatarios dieron un paso más allá y convocaron a una reunión regional con autoridades de Cosoleacaque, Minatitlán y Coatzacoalcos. El objetivo será abordar de manera conjunta dos temas críticos: la disposición final de residuos sólidos y la gestión del agua que se suministra en la zona.
Este nuevo frente abre la puerta a un reordenamiento en la toma de decisiones regionales, donde la presión social de Tatahuicapan podría influir directamente en políticas que impactan a varios municipios del sur de Veracruz.
Más allá de la cancelación del convenio, el mensaje que dejó la asamblea es claro: en Tatahuicapan de Juárez, la ciudadanía organizada mantiene un peso determinante y está dispuesta a frenar cualquier medida que considere contraria a los intereses del pueblo.
