San Pedro Soteapan, Ver., 26 de abril de 2026.—
En un movimiento que evidencia la escalada del conflicto en el sur de Veracruz, el alcalde Sósimo López Ramírez, de San Pen sintonía con su homólogo de Tatahuicapan, Vladimir González Martínez, lanzaron un ultimátum de 72 horas a la gobernadora Rocío Nahle García para intervenir en un conflicto que, en los hechos, fue detonado por decisiones y acuerdos fallidos entre ambos gobiernos municipales.
Durante una asamblea ciudadana en la cabecera municipal de San Pedro Soteapan, a la que acudieron personas presuntamente movilizadas y pagadas por los propios gobiernos municipales, el edil informó sobre la retención de un camión recolector de basura en el municipio de Tatahuicapan, unidad por la cual se exige el pago de 250 mil pesos para su liberación.
El hecho fue presentado ante la población como una presión indebida por parte de terceros; sin embargo, el origen del conflicto radica en desacuerdos por el manejo y disposición de residuos sólidos, derivados de decisiones que no fueron consensuadas con habitantes de Tatahuicapan, lo que generó inconformidad y derivó en la actual confrontación.
A pesar de este contexto, desde ambos ayuntamientos se ha optado por trasladar la presión al Gobierno del Estado, exigiendo la intervención inmediata de la administración estatal en lugar de asumir la responsabilidad política que corresponde por la falta de acuerdos claros y transparentes.
La tensión aumentó cuando, durante la misma asamblea, se advirtió que, de no obtener respuesta en el plazo de 72 horas, podrían emprender medidas de presión como el cierre de las válvulas de Platanillo, infraestructura estratégica que abastece de agua potable a municipios como Acayucan, Oluta y Soconusco, lo que podría escalar el conflicto a nivel regional.
En medio del conflicto, también surgieron señalamientos contra actores locales como el comisariado ejidal Fidencio Bautista Gutiérrez y González Bautista Hernández, este último vinculado con el diputado local Esteban Bautista Hernández, en lo que diversos sectores interpretan como un intento de desviar la atención del origen real del problema.
Así, el ultimátum lanzado a la gobernadora no solo refleja la creciente tensión social en la región, sino también el intento de ambos alcaldes por deslindarse de un conflicto que surgió desde sus propias decisiones y que hoy amenaza con convertirse en una crisis de mayor escala.
