++ SEFIPLAN afirma que los ayuntamientos pagaron durante casi dos décadas sin reducir el pasivo y acusa un esquema financiero «abusivo y ruinoso».
Xalapa, Ver.- Lo que durante casi dos décadas fue presentado como una solución financiera para los municipios de Veracruz terminó convirtiéndose, según el Gobierno del Estado, en un negocio multimillonario para bancos y fideicomisos.
El secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, aseguró que la liquidación definitiva de la deuda bursátil de los 199 municipios representa el fin de uno de los esquemas financieros más perjudiciales para las finanzas públicas, al revelar que durante 18 años los ayuntamientos pagaron mil 837 millones de pesos únicamente por concepto de intereses, sin lograr disminuir el adeudo.
Por el contrario, explicó, el pasivo aumentó.
La deuda inició en mil 208 millones de pesos, pero tras casi dos décadas de pagos terminó ascendiendo a 2 mil 266 millones de pesos, con el riesgo de seguir incrementándose debido a las condiciones del contrato.
Durante la presentación de la liquidación del esquema financiero, Reyes Hernández calificó el mecanismo como «abusivo, leonino y ruinoso», al considerar que favorecía principalmente a las instituciones financieras.
Descubren cuentas ocultas y retención excesiva
El funcionario explicó que, al revisar la operación del fideicomiso encargado de administrar la deuda, encontraron irregularidades que mantenían inmovilizados cientos de millones de pesos pertenecientes a los municipios.
Entre ellas, detectaron la existencia de tres cuentas bancarias, una de las cuales retenía de manera adicional cerca del 30 por ciento de las participaciones federales de los ayuntamientos, recursos que, aseguró, no eran necesarios para garantizar el pago de la deuda.
«Nos dimos cuenta del esquema cuando finalmente nos entregaron las cuentas. No querían transparentar cuántas existían. Descubrimos una cuenta adicional donde retenían otro 30 por ciento de las participaciones, dinero que no era necesario para garantizar el pago, pero que sí representaba un negocio para el banco al mantener esos recursos inmovilizados», señaló.
Añadió que las participaciones federales ya garantizaban el pago de los certificados bursátiles e incluso algunos municipios contaban también con ingresos propios suficientes, por lo que calificó como injustificada la existencia de reservas financieras tan elevadas.
Pagaron más… y debían más
El titular de SEFIPLAN recordó que la bursatilización fue autorizada por el Congreso del Estado en junio de 2008 y comenzó a operar un mes después mediante certificados bursátiles por mil 208 millones de pesos destinados a 199 municipios.
Explicó que el 82 por ciento de la deuda estaba indexado a Unidades de Inversión (UDI), por lo que aumentaba conforme a la inflación, mientras que el restante 18 por ciento tenía una tasa cercana al 3 por ciento, cuatro veces superior a las condiciones actuales del mercado financiero.
Como consecuencia, durante 18 años los municipios pagaron mil 837 millones de pesos sólo en intereses, mientras el capital prácticamente no disminuyó.
«Se pidieron prestados mil 208 millones de pesos y ya se pagaron mil 837 millones únicamente de intereses. Aun así, la deuda seguía siendo mayor que cuando inició», advirtió.
Incluso alertó que, bajo un escenario de alta inflación como el registrado en 1994, el costo total del financiamiento habría podido multiplicarse hasta seis veces.
Millones permanecían congelados
Otro de los hallazgos fue que el fideicomiso mantenía alrededor de 413 millones de pesos como fondo de reserva, equivalentes a casi el 30 por ciento del monto de la deuda, cuando técnicamente sólo era necesario conservar alrededor del 2 por ciento como garantía.
Como ejemplo, explicó que al municipio de Veracruz se le retenían más de 44 millones de pesos, aunque únicamente 31 millones eran utilizados para cubrir capital e intereses; el resto permanecía inmovilizado generando beneficios financieros para las instituciones involucradas.
Negociaciones duraron más de un año
Reyes Hernández informó que el Gobierno del Estado inició las negociaciones con los tenedores de los certificados bursátiles desde junio de 2025.
Sin embargo, fue hasta diciembre cuando Banco Inbursa y las demás instituciones financieras aceptaron comenzar el proceso de liquidación del esquema.
Indicó que las gestiones contaron con el respaldo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), cuya participación permitió concretar la cancelación definitiva de un mecanismo financiero que, afirmó, afectó durante casi dos décadas las finanzas de los municipios veracruzanos.
