++ La Comisión Instructora citó a ambos ediles para la audiencia decisiva. Uno acudió personalmente a defenderse; el otro dejó todo en manos de sus abogados. La próxima semana podría definirse si el Congreso abre la puerta para que enfrenten a la justicia sin protección constitucional.
Xalapa, Ver.–
El proceso de desafuero contra los alcaldes de Ixhuatlán del Sureste, Raúl González Martínez, y de Úrsulo Galván, Bertín Bravo Montero, entró en su fase más delicada. La Comisión Instructora del Congreso de Veracruz los emplazó a comparecer este jueves 30 de julio en las audiencias de pruebas y alegatos, paso previo a la elaboración de los dictámenes que definirán si se propone retirarles el fuero constitucional.
La audiencia representa la última oportunidad para que ambos ediles presenten argumentos y pruebas antes de que la Comisión determine si existen elementos suficientes para que el Pleno del Congreso autorice que la Fiscalía pueda proceder penalmente en su contra.
A diferencia de Bertín Bravo, Raúl González Martínez ha acudido personalmente al Congreso para atender las diligencias relacionadas con el procedimiento iniciado en su contra. En contraste, el alcalde de Úrsulo Galván ha optado por ser representado únicamente por su equipo jurídico.
La Fiscalía General del Estado vincula a Raúl González Martínez con el secuestro y homicidio de la periodista Roxana Guzmán, mientras que a Bertín Bravo Montero lo relaciona con la desaparición del empresario Héctor Ramos y de su escolta, Ignacio López. Con base en esas investigaciones, solicitó al Congreso retirarles la inmunidad constitucional para poder judicializarlos.
El martes, González Martínez acudió acompañado de sus abogados a las oficinas de la Comisión Instructora, donde entregó documentos, pruebas y alegatos para responder a los señalamientos formulados por la Fiscalía.
Ese mismo día, Bravo Montero no asistió al Palacio Legislativo. En su representación comparecieron sus asesores legales, quienes presentaron la documentación correspondiente.
La decisión que puede cambiar el rumbo de ambos casos
Tras recibir la documentación, los integrantes de la Comisión Instructora sesionaron y ordenaron notificar formalmente a ambos ayuntamientos sobre la comparecencia de este jueves.
En el caso de Ixhuatlán del Sureste, el Ayuntamiento confirmó haber recibido el citatorio mediante el cual se notificó oficialmente al alcalde.
Aunque ambos presidentes municipales fueron llamados a comparecer, la ley permite que las diligencias se desarrollen únicamente con la presencia de sus abogados, en caso de que decidan no asistir personalmente.
Durante la audiencia podrán ampliar sus argumentos, responder a las observaciones de la Fiscalía y presentar las pruebas que consideren necesarias para su defensa.
Concluidas las comparecencias, la Comisión Instructora elaborará un dictamen para cada expediente, en el que establecerá si existen elementos para declarar que ha lugar a proceder y retirar el fuero, o si las solicitudes deben desecharse.
Es importante precisar que la Comisión no determinará la culpabilidad o inocencia de los alcaldes. Su función consiste únicamente en decidir si deben conservar o perder la inmunidad constitucional derivada de sus cargos.
Si los dictámenes son favorables al desafuero, serán enviados a la Diputación Permanente y posteriormente al Pleno del Congreso, donde los 50 legisladores tendrán la decisión final.
De aprobarse las solicitudes, ambos alcaldes perderían la protección constitucional y la Fiscalía estaría en condiciones de ejercer acción penal en su contra. Si el Congreso las rechaza, conservarán el fuero mientras permanezcan en funciones.
La previsión es que los dictámenes sean presentados la próxima semana ante la Diputación Permanente, que podría convocar de inmediato a una sesión extraordinaria del Pleno para votar uno de los casos políticos y judiciales más relevantes del año en Veracruz.
