José Vargas.
Minatitlán, Ver.—
La Fiscalía General del Estado (FGE) mantiene abiertas diversas líneas de investigación en torno al centro de rehabilitación Sendero de Guerra 24 Horas A.C., ubicado en la calle Francisco Zarco, en la colonia Insurgentes Norte, luego del motín y la fuga masiva de internos, entre ellos un menor de 14 años, cuya localización continúa siendo prioritaria para las autoridades.
Como parte de las indagatorias, la FGE busca al padrino mayoritario identificado como Everardo Brito, alias “Britos”, señalado como responsable del funcionamiento del anexo y quien presuntamente labora en la refinería de Minatitlán, en el área de contraincendios, de acuerdo con versiones recabadas durante la investigación.
En este contexto, el activista y defensor de derechos humanos Endri Mukupa, sobreviviente de dicho centro de rehabilitación, realizó una denuncia pública en la que aseguró que en Sendero de Guerra 24 Horas A.C. se han cometido durante años torturas, abusos físicos, privación ilegal de la libertad y violaciones sistemáticas a los derechos humanos, hechos que hoy cobran especial relevancia tras la fuga de internos.
Mukupa relató que en 2016 permaneció recluido en ese lugar, donde —lejos de recibir atención terapéutica— fue sometido, junto con otros internos, a un régimen de violencia extrema. Señaló directamente a Everardo Brito como quien presuntamente ordenaba y permitía castigos físicos, encierros forzados y maltrato continuo.
“Al ingresar ahí uno pierde todos sus derechos. Te golpean, te amarran, te incomunican de tu familia durante meses. Es prácticamente un secuestro”, declaró.
De acuerdo con su testimonio, los internos eran golpeados diariamente con palos y objetos contundentes, amarrados con sogas, sometidos a inmersiones en tambos con agua, obligados a bañarse con agua fría y privados del sueño mediante castigos que se prolongaban hasta la madrugada.
“Había personas amarradas a una silla, orinadas, golpeadas, sin comer. La comida era una sola sopa hervida en la mañana, tarde y noche. No había colchas, no había suéteres, no había medicamentos”, afirmó.
El activista sostuvo que las familias eran engañadas, ya que se les aseguraba que sus parientes recibían atención adecuada, mientras se les solicitaba llevar despensa, refrescos, galletas y dulces, insumos que —según dijo— nunca llegaban a los internos, pese a que además se cobraban cuotas por el supuesto tratamiento.
Mukupa recordó que durante su estancia una persona murió dentro del anexo, mientras otros internos presentaban lesiones y enfermedades derivadas de las condiciones insalubres. Tras una fuga que permitió alertar a familiares, se realizó una intervención policial que derivó en el cierre temporal del sitio.
“Yo fui el único que denunció públicamente. Por eso el lugar fue cerrado varios años. Luego lo reabrieron y el año pasado volvió a morir una persona. Dijeron que se atragantó, pero eso no es verdad. Los castigos ahí son los que matan”, sostuvo.
Uno de los señalamientos más graves expuestos por el activista es la existencia de presuntas fosas clandestinas dentro del recinto, así como denuncias anónimas —recabadas bajo estricta reserva por temor a represalias— que refieren abusos sexuales contra mujeres al interior del anexo. Mukupa aseguró que incluso desde el exterior del inmueble se perciben olores fétidos, presuntamente relacionados con desechos o restos orgánicos.
Ante la confirmación de que un menor de 14 años permanecía recluido en ese lugar, el activista exigió la intervención inmediata de autoridades estatales y organismos de derechos humanos.
“¿Cómo es posible que un niño esté en un lugar así cuando tiene padres que pueden corregirlo? Eso es un secuestro. Aquí es donde se necesita la presencia real de Derechos Humanos”, reclamó.
Finalmente, Endri Mukupa retó públicamente al responsable del centro a permitir el ingreso de autoridades y observadores independientes para demostrar que no existen los abusos denunciados.
Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado no ha emitido un posicionamiento oficial sobre la totalidad de los señalamientos, aunque confirmó que las investigaciones continúan y que se dará seguimiento especial a la desaparición del menor, así como a las denuncias por posibles delitos de alto impacto
