Lilia Santos
Tatahuicapan, Ver. —
La dignidad popular se impuso una vez más en Tatahuicapan. En un hecho que marca un antes y un después en la vida política del municipio, habitantes de diferentes comunidades y colonias recuperaron con sus propias manos las oficinas del programa federal de Bienestar, que durante cinco días permanecieron tomadas por un reducido grupo de personas identificadas como cercanas al presidente municipal Eusebio González Hernández y al presidente electo Vladimir González Martínez.
La toma, que se llevó a cabo en los bajos del Palacio Municipal, fue encabezada por personajes afines al poder local que se oponen abiertamente a las recientes decisiones tomadas por el Gobierno Federal, particularmente en relación con la elección de los comités de administración y de vigilancia encargados de manejar los recursos del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI). Estos comités fueron designados a través de una asamblea supervisada por personal del Bienestar, bajo mecanismos participativos y democráticos que la ciudadanía respaldó en su mayoría. Sin embargo, el pequeño grupo inconforme decidió tomar las instalaciones como medida de presión, exigiendo la destitución del personal de Bienestar.
Entre los participantes de esta maniobra de presión se encontraban el director de Protección Civil del municipio, Sixto Hernández Guillén, y el secretario de Educación local, Cornelio Bautista, ambos señalados por vecinos y testigos como parte activa de los disturbios ocurridos durante la elección de los comités del INPI. También se identificó a Abel Castillo Sánchez, integrante del área de Recursos Humanos del Ayuntamiento, así como a Froylán Hernández Bautista, operador político y jefe de campaña del presidente electo Vladimir González Martínez, considerado su mano derecha.
Durante el momento de mayor tensión del conflicto, testigos afirmaron que Froylán Hernández y Cornelio Bautista se retiraron del sitio y se resguardaron en la parte alta del Palacio Municipal, dejando en la planta baja a las personas que ellos mismos habían estado liderando desde el inicio. La población interpretó esta acción como una muestra de cobardía y abandono, al exponer a sus simpatizantes mientras ellos se ponían a salvo ante la inminente intervención ciudadana.
Según versiones de habitantes, se trató de una toma ilegal y arbitraria que pretendía desconocer la voluntad popular expresada en las urnas comunitarias y mediante actas firmadas. Los inconformes llegaron incluso a restringir el paso a personal acreditado del Bienestar y a mantener bajo llave documentación oficial, lo que motivó la indignación ciudadana. Durante días, los programas sociales permanecieron paralizados, afectando a decenas de beneficiarios.
A pesar de la presencia en el sitio de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina y representantes estatales de Política Regional y del Bienestar, no se logró inicialmente la recuperación del espacio. Ante la pasividad institucional y la tensión creciente, fue la misma población quien decidió actuar. De manera organizada y decidida, los ciudadanos se movilizaron hasta el Palacio Municipal y, tras un breve enfrentamiento con los ocupantes, lograron recuperar las oficinas.
La intervención popular no solo respondió a la necesidad de restablecer el orden, sino también a la urgencia de rescatar documentos oficiales y mobiliario. De acuerdo con testigos, existía el temor de que los inconformes destruyeran papelería o impidieran el avance del proceso administrativo que permitiría liberar los fondos del INPI. Estos recursos son claves para proyectos que buscan mejorar la infraestructura y los servicios en las comunidades indígenas del municipio.
Fuentes federales confirmaron que, pese a los intentos de presión, la Secretaría de Bienestar ratificó a los comités comunitarios electos. Las actas ya han sido reconocidas oficialmente y se espera que en los próximos días se convoque a una nueva asamblea pública para formalizar la entrega de constancias a las personas elegidas. Este paso es indispensable para que se liberen los recursos económicos, los cuales deberán ser manejados exclusivamente por los comités nombrados por la comunidad.
Uno de los primeros proyectos que se tiene contemplado con este fondo es la construcción de aulas para una universidad en Tatahuicapan, una iniciativa prioritaria para los jóvenes de la región, que durante años han tenido que emigrar o recorrer largas distancias para acceder a la educación superior. Se trata de un esfuerzo colectivo con gran respaldo social, que busca sentar bases sólidas para el desarrollo de las futuras generaciones.
La actuación de la ciudadanía de Tatahuicapan se ha convertido en un ejemplo regional. Mientras en otros municipios la apatía o el miedo paralizan a la sociedad frente a los abusos del poder, aquí se impuso la organización y la defensa activa de los derechos comunitarios. La recuperación de las oficinas del Bienestar no fue un hecho aislado ni motivado por intereses personales; fue el resultado de una indignación legítima ante la intromisión de actores políticos que pretendían manipular los recursos federales para beneficio propio.
El mensaje ha sido claro: Tatahuicapan no está dispuesto a permitir que la voluntad del pueblo sea ignorada, ni que los programas del Gobierno Federal sean utilizados como herramientas de control político. Hoy, más que nunca, la comunidad exige respeto a sus decisiones, transparencia en el uso de los recursos y que las instituciones estatales y federales garanticen que estas prácticas no se repitan.
Con el respaldo popular y la ratificación del Bienestar federal, los comités legítimos podrán comenzar a trabajar por el desarrollo del municipio, enfrentando con dignidad la adversidad política y reafirmando que en Tatahuicapan, la democracia no solo se ejerce, también se defiende.
