José Vargas.
Zaragoza, Ver.—
La mañana del 3 de octubre de 2023, la tranquilidad del pequeño municipio de Zaragoza se rompió cuando elementos de la Policía Ministerial ejecutaron una orden de aprehensión contra Sofonías “N.”, un líder religioso local conocido entre los pobladores como el “Pastor del Diablo”. Su detención, adscrita a la causa penal 51/2023, se llevó a cabo a raíz de denuncias por pederastia, abuso sexual y violación presuntamente cometidos contra jóvenes de la congregación que dirigía.
El operativo ocurrió entre murmullos de vecinos que, desde semanas antes, habían escuchado rumores alarmantes sobre las prácticas del pastor dentro del templo de la iglesia Redes Misioneras. Según las denuncias iniciales, las víctimas eran jóvenes mujeres del coro, a quienes el pastor manipulaba bajo discursos religiosos para luego agredirlas sexualmente. Su nombre también aparecía vinculado a señalamientos previos en Oaxaca, su estado de origen, donde ya habría sido acusado por conductas similares.
Tras su detención, la tensión en el municipio escaló de inmediato. Un grupo de habitantes, indignados por la naturaleza de los señalamientos, se movilizó hasta la vivienda del pastor y expulsó a su familia del lugar, lanzando cohetones y gritos que exigían justicia. El enojo colectivo se convirtió en presión social mientras el acusado era trasladado al Centro Penitenciario Duport Ostión, en Coatzacoalcos.
El proceso judicial pronto se volvió un laberinto. De acuerdo con lo expuesto por la familia de una de las víctimas, las primeras dos abogadas que llevaron el caso “habrían sido compradas”, situación que, según la versión de los afectados, dejó la carpeta prácticamente perdida y debilitó la ruta hacia la justicia. Las víctimas denunciaron además cambios constantes de juez y fiscal, así como audiencias suspendidas una y otra vez, lo que alimentó sospechas de retrasos deliberados dentro del sistema.
Aun con ese panorama adverso, un tercer abogado logró retomar el expediente original. Contra todas las expectativas —y aun cuando el proceso inicial parecía destinado al archivo— consiguió que el juez resolviera imponer una sentencia de 19 años de prisión por pederastia agravada derivada de la primera denuncia formalizada.
El fallo representa el primer resultado judicial firme dentro de un caso que por meses se vio envuelto en versiones, hostigamientos, intentos de soborno, presiones comunitarias y protestas públicas. Pero el expediente aún no se cierra: queda un segundo proceso abierto, relacionado con otra denuncia por hechos de la misma naturaleza. Las víctimas esperan que esa nueva carpeta avance sin los retrasos y obstáculos que caracterizaron los primeros meses del caso, y confían en que el acusado reciba una nueva sentencia.
A dos años de su captura, el llamado “Pastor del Diablo” sigue enfrentando la justicia desde la cárcel, mientras en Zaragoza la comunidad mantiene viva la exigencia de que ningún retraso vuelva a poner en riesgo la voz de las víctimas.
