José Vargas.
Oteapan, Ver.—
La inconformidad escaló en el municipio de Oteapan luego de que comerciantes del mercado Pino Suárez y propietarios de diversos establecimientos denunciaran lo que califican como un intento de “cobro de piso institucional” promovido desde el propio Ayuntamiento.
Los señalamientos apuntan directamente contra el alcalde Noé Gómez Pérez, así como contra la directora de Comercio, Rita Guadalupe Rojas Rosas, y la regidora Irís Yarabid Gómez Luria, a quienes responsabilizan de intentar imponer una serie de pagos mensuales que consideran desproporcionados y carentes de sustento legal.
De acuerdo con testimonios recabados, inicialmente se pretendió cobrar 950 pesos mensuales a cada locatario del mercado Pino Suárez. La cifra detonó molestia inmediata entre los comerciantes, quienes se organizaron y presionaron hasta lograr que el monto fuera reducido a 200 pesos. Sin embargo, aseguran que la disminución no resuelve el fondo del problema.
En asamblea, los afectados denunciaron que el Ayuntamiento busca imponer cuatro conceptos de cobro: derecho por uso de banqueta; pago por anuncios o razón social visible al público; cuota por contar con “corredor” o “bajarete” frente al negocio o domicilio; y un cobro adicional por servicio de limpia pública.
Para los comerciantes, estas medidas representan una carga financiera injustificada en un contexto económico complejo. “Noé Gómez no sabe de dónde sacar recursos; sangrando al comercio oteapaneco no va a resolver nada”, expresó uno de los inconformes.
Otra comerciante aseguró que, durante una reunión, se les advirtió que quien no pudiera cubrir los montos “mejor cerrara su establecimiento”, o de lo contrario la autoridad municipal procedería a clausurarlo. De confirmarse, dicha advertencia podría constituir un acto de presión indebida y uso arbitrario de facultades administrativas.
Además, denunciaron que los oficios entregados para notificar los supuestos requerimientos carecen de formalidad jurídica: no están dirigidos a persona específica, se distribuyen en blanco y, según señalan, no cuentan con firmas autógrafas de las funcionarias responsables, lo que pone en entredicho su validez legal.
Los inconformes sostienen que el Ayuntamiento está intentando formalizar lo que, en la práctica, funciona como un “cobro de piso obligatorio”, figura que subrayan no puede disfrazarse bajo reglamentos municipales sin transparencia, fundamentación normativa clara y consulta pública.
Ante este escenario, los comerciantes analizan presentar quejas formales ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la Contraloría del Estado de Veracruz, al considerar que podrían estarse vulnerando derechos fundamentales como el trabajo y la seguridad jurídica.
Paralelamente, se organiza una manifestación pacífica para exigir la cancelación inmediata de los cobros y la revisión pública de los reglamentos municipales que pretenden sustentar estas medidas.
La presión social aumenta en Oteapan, donde el sector comercial advierte que no permitirá decisiones que afirman ponen en riesgo la subsistencia de decenas de familias que dependen del comercio local.
