José Vargas.
Acayucan, Ver.— El Cabildo de Acayucan dio luz verde a la vía penal contra exintegrantes de la administración 2022–2025, encabezada por Rosalba Rodríguez Rodríguez, al considerar que las irregularidades detectadas en la entrega-recepción no fueron aclaradas ni documentadas conforme a la ley.
Con el respaldo del alcalde Raúl David Salomón García y de la síndica única Alma Rosa Flores Doroteo, el cuerpo edilicio aprobó instruir al área jurídica del Ayuntamiento para formalizar denuncias ante las instancias competentes. La votación reflejó división en la bancada de Movimiento Ciudadano: un edil se pronunció a favor y dos optaron por la abstención.
El dictamen técnico, elaborado por un despacho externo, documenta fallas sustanciales en el manejo financiero y patrimonial. De acuerdo con el regidor octavo, Benjamín Huerta Martínez, la revisión evidenció que la administración saliente no acreditó con soporte documental el destino de recursos públicos, ni presentó expedientes completos de obra.
Entre los hallazgos, sobresalen 33 proyectos de infraestructura con un monto cercano a los 120 millones de pesos que presentan inconsistencias: obras inconclusas, otras con deficiencias técnicas y varias sin comprobación adecuada del gasto. Este patrón, advierten los ediles, configura posibles responsabilidades administrativas y penales.
El caso más emblemático es el del Centro de Atención Social (CAS), una obra que, pese a su objetivo de brindar servicios de rehabilitación y asistencia, permanece fuera de operación. Las condiciones físicas del inmueble y las observaciones técnicas detectadas impiden su uso, mientras continúa bajo revisión de la Auditoría Superior de la Federación por un presunto daño patrimonial relacionado con recursos federales destinados a población vulnerable.
A ello se suma la falta de claridad en la aplicación de alrededor de 16 millones de pesos reportados como apoyos sociales, sin padrones de beneficiarios ni evidencia que permita verificar su entrega. En el sistema DIF municipal, la ausencia de registros agrava el escenario, al no existir control sobre pacientes en tratamiento ni seguimiento de servicios otorgados.
Otra anomalía que encendió alertas fue la desaparición de la base de datos del panteón municipal, un registro clave para la administración de espacios y control de servicios, cuya ausencia refleja desorden administrativo en áreas sensibles.
Aunque el Órgano de Fiscalización Superior establece periodos para solventar observaciones, el Cabildo determinó que las inconsistencias detectadas rebasan la etapa de aclaración y ameritan acciones legales inmediatas.
Las autoridades municipales sostienen que el proceso no responde a motivaciones políticas, sino a la necesidad de garantizar la rendición de cuentas. El siguiente paso será la integración de expedientes para que las instancias fiscalizadoras y judiciales determinen el alcance de las responsabilidades.
