José Vargas
Cosoleacaque, Veracruz.—
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) encendió un foco rojo en el municipio de Cosoleacaque tras detectar una adjudicación que, por su rapidez, opacidad y posible conflicto de interés, deja serias dudas sobre el manejo de recursos públicos destinados a las festividades oficiales.
De acuerdo con la observación federal, el Ayuntamiento adjudicó un contrato para ACTIVIDADES Y FESTIVIDADES DEL MUNICIPIO DE COSOLEACAQUE a una empresa de reciente creación, sin garantizar que contara con la capacidad financiera ni la experiencia necesaria para ejecutar servicios especializados.
El dato es contundente: la empresa fue constituida el 19 de febrero de 2024, y apenas tres meses después, el 07 de junio de 2024, ya había recibido el contrato municipal.
Pero el señalamiento adquiere una dimensión aún más delicada: la empresa pertenece a Ponciano Vázquez Parissi, ex presidente municipal de Cosoleacaque, lo que abre la puerta a cuestionamientos directos sobre un posible uso de influencias, redes políticas o beneficios derivados del poder.
La ASF subrayó que no se acreditó de manera suficiente que el proveedor tuviera solvencia económica, infraestructura operativa o trayectoria comprobable, elementos mínimos para justificar la entrega de un contrato público, especialmente tratándose de un rubro que implica logística, organización, contratación de proveedores y manejo de recursos en eventos oficiales.
Este tipo de observaciones no son menores. Las festividades municipales, aunque se presentan como actos culturales o de convivencia social, históricamente han sido uno de los sectores más vulnerables a la opacidad: contratos asignados con rapidez, empresas sin historial y escasa rendición de cuentas sobre el destino final del dinero.
El hecho de que la adjudicación recaiga en una firma ligada a un exalcalde convierte el caso en un asunto todavía más grave, porque la sospecha pública es inevitable: ¿se trató realmente de un proceso transparente o de una contratación entre círculos de poder?
La auditoría no acusa directamente un delito, pero sí deja asentado que hubo fallas graves en el procedimiento, lo que puede derivar en responsabilidades administrativas y en la exigencia de aclaraciones sobre el uso de recursos públicos.
Ahora la pregunta inevitable es: ¿por qué se entregó un contrato de este tipo a una empresa prácticamente recién nacida y vinculada a un ex presidente municipal? ¿Quién avaló que podía cumplir? ¿Qué controles se omitieron?
