Lilia Santos.
Tatahuicapan, Ver.—
Nuevamente en el ojo del huracán, el alcalde de Tatahuicapan ha sido señalado por intentar imponer a los integrantes del Comité de Administración y del Comité de Vigilancia del INPI 2025, un proceso que por ley corresponde exclusivamente al pueblo indígena, no a los gobiernos locales.
Habitantes acusan que el edil organizó una asamblea ilegal y difundió públicamente, desde la página oficial del ayuntamiento, los nombres de los presuntos integrantes de los comités, sin que existiera un proceso democrático ni la presencia de representantes del Bienestar, como exige la normatividad del INPI.
El descontento social crece, ya que estos comités serán los encargados de administrar recursos públicos federales destinados a la infraestructura indígena, y deben ser elegidos por la comunidad en asamblea abierta, no por intereses políticos.
Mañana se llevará a cabo la asamblea legítima y pública. Mientras tanto, los pobladores exigen que el presidente municipal saque las manos del proceso y respete el derecho de los pueblos a decidir su propio destino.