Tatahuicapan de Juárez.— La inconformidad social escaló en el municipio luego de que campesinos y ejidatarios retuvieran al menos dos camiones recolectores de basura provenientes de municipios vecinos, en protesta por el presunto uso del basurero local como destino de desechos externos sin consenso de la población.
Los hechos se registraron sobre el camino La Bocana–La Ceiba, donde habitantes organizados interceptaron una unidad procedente de Soteapan, además de otro del propio ayuntamiento de Tatahuicapan. Los manifestantes acusan directamente al alcalde Vladimir González Martínez de autorizar el ingreso de residuos de municipios como Pajapan y Mecayapan, presuntamente a cambio de recursos económicos que, aseguran, no son transparentados.
La molestia no es menor. Ejidatarios y pobladores señalan que estas decisiones se habrían tomado sin consultar al órgano ejidal ni a la comunidad, lo que detonó la reacción colectiva bajo una consigna clara: el municipio “no es basurero de nadie”.
El conflicto ocurre en medio de una crisis local en el servicio de limpia pública. De acuerdo con testimonios ciudadanos, la recolección de basura lleva más de una semana suspendida en diversas zonas, lo que ha generado acumulación de desechos, malos olores y riesgos sanitarios.
La respuesta oficial, difundida mediante un comunicado del ayuntamiento, atribuye la interrupción del servicio a la retención de unidades recolectoras. Sin embargo, habitantes consideran que se trata de una justificación insuficiente frente a un problema estructural: la falta de unidades, planeación operativa y capacidad de respuesta.
“Se gobierna al día”, señalan críticos en redes sociales, al cuestionar que todo el municipio dependa de un solo camión recolector, sin respaldo ni estrategia alterna ante contingencias.
La situación también ha derivado en un creciente rechazo hacia la administración municipal. En plataformas digitales, ciudadanos han expresado inconformidad no sólo con el alcalde, sino también con integrantes del cabildo como la síndica Olivia Granados Lara, a quien acusan de confrontar a trabajadores y mantener una actitud poco conciliadora.
Asimismo, se ha cuestionado el estado del basurero municipal, señalando la falta de mantenimiento y la aparente contradicción entre recibir desechos externos mientras persisten deficiencias en el manejo interno.
Ante la falta de acuerdos, algunos habitantes han advertido que podrían intensificar las protestas, incluso trasladando los residuos acumulados hacia instalaciones del propio ayuntamiento como medida de presión.
El conflicto pone en evidencia no sólo un problema ambiental, sino también una crisis de gobernabilidad local, donde la ausencia de diálogo, transparencia y planeación ha derivado en un escenario de confrontación directa entre autoridades y ciudadanía.
Por ahora, Tatahuicapan enfrenta un doble desafío: resolver el colapso en el servicio de recolección y atender un descontento social que, lejos de disiparse, parece ir en aumento.
Redacción.
