Lilia Santos.
Oluta, Veracruz .—
La tarde de este miércoles, alrededor de las 19:00 horas, un sujeto identificado como Santiago “N” fue denunciado por vecinos de la colonia Vivah tras presuntamente apuñalar a una perra llamada “Delta”. El ataque, que habría sido directo y con arma blanca, ha generado una fuerte indignación entre habitantes del municipio y colectivos de protección animal, quienes exigen la intervención inmediata de las autoridades.
“Delta” era una canina conocida en la zona, y según versiones preliminares, no representaba amenaza alguna. Tras la agresión, los vecinos dieron aviso a las autoridades locales, sin que hasta el momento se haya emitido un comunicado oficial por parte del Ayuntamiento o la Fiscalía Regional sobre el estado del animal ni sobre el posible proceso legal contra el presunto agresor.
Este hecho se suma a una creciente ola de maltrato animal en el sur del estado, particularmente en municipios como Coatzacoalcos, donde apenas hace unas horas se denunció públicamente la muerte violenta de otra perra, víctima de golpes brutales. En ese caso, la agresión fue incluso compartida en redes sociales por personas, lo que provocó una ola de indignación y protestas virtuales bajo el clamor: “Justicia para los que no tienen voz”.
Defensores de los derechos animales han señalado que lo ocurrido con Delta no es un caso aislado, sino parte de una problemática estructural que no ha sido atendida con seriedad por las autoridades municipales ni estatales. “Ya no se trata de accidentes ni casos esporádicos. Hay saña, hay desprecio por la vida. Y hay una omisión institucional muy clara”, expresó uno de los activistas locales.
Colectivos, ciudadanos y redes de protección animal están convocando a mantener la presión social y a documentar cada caso de maltrato, para que no queden impunes y para que Veracruz avance hacia un marco real de justicia para los animales. Piden también que los responsables enfrenten consecuencias legales conforme a lo que establece el Código Penal del estado.
Mientras tanto, la exigencia es clara y urgente: que las autoridades actúen, que se investigue, y que se garantice que hechos como el de “Delta” no vuelvan a repetirse bajo el amparo del silencio.